El PRISO aprisiona

Artículo 46. Proyecto de Intervención Social.

1. El Proyecto de Intervención Social, que podrá ser individual o de la unidad familiar o convivencial, es la actuación diseñada para garantizar el carácter integral de la atención, y su continuidad, de acuerdo con la valoración diagnóstica de las necesidades.

2. El Proyecto de Intervención Social recogerá, al menos, los siguientes aspectos:

a) El diagnóstico de la situación y la valoración de las necesidades de atención, identificando explícitamente las potencialidades y recursos propios de la persona y su unidad de convivencia y el plazo estimado para la realización de todo el proceso.

b) Los objetivos propuestos.

c) Las prestaciones previstas, tanto de los servicios sociales comunitarios como, en su caso, de los servicios sociales especializados y de otros sistemas de protección social, así como de las personas profesionales implicadas, incluido el de referencia.

d) La planificación de las actuaciones, especificando los plazos máximos de los trámites establecidos y los plazos máximos reglamentarios de ejecución de las prestaciones.

e) Los indicadores y la periodicidad del seguimiento que permita evaluar la consecución de los objetivos, y reorientar, si es necesario, la intervención y las actuaciones.

f) Los acuerdos y compromisos entre la persona, su familia o unidad de convivencia y los equipos profesionales implicados.

Una de las cosas que más me han sorprendido al volver a servicios sociales comunitarios es la creciente relevancia del proyecto de intervención social. En realidad un cierto modelo de proyecto que la ley andaluza de servicios sociales denomina PRISO. Tal es así que la ley le dedica un artículo, el que abre esta entrada. Y esto, en mi opinión, no es cosa menor. Al contrario, es una muestra más de la absorción del sistema andaluz de servicios sociales por el paradigma neoliberal y, lo que es más importante, la eliminación de formas de atención alternativas. Imagino que en otros territorios pasará lo mismo. A mí me parece que es importante analizar en profundidad las herramientas que nos endilgan para atender de la forma menos lesiva posible a la ciudadanía.

En el PRISO se trasluce nítidamente la ideología de quienes diseñan las políticas de servicios sociales, o lo que queda de ellas. Voy a tratar de sustentar esta afirmación describiendo tres ideas neoliberales que se esconden tras este modelo de PRISO. La primera es que los problemas de las personas que acuden a servicios sociales se deben a averías individuales relacionadas con dificultades para integrarse. Estas averías deberán ser resueltas con esta herramienta y en un plazo bien acotado de tiempo. El artículo 46 lo dice negro sobre blanco en su apartado f.

¿Todas las personas están averiadas? ¿Y si el problema no es achacable a ninguna avería individual? O ¿Y si la persona lo ha intentado todo? ¿Qué hacemos con el PRISO entonces? Peor aún: Imaginemos que estamos abordando un caso desde el contexto terapeútico y tramitamos una prestación económica ¿Qué hacemos? ¿Obligamos a la persona o familia a que se comprometa a algo para que nos aprueben el PRISO y con él la prestación? ¿Todas las intervenciones dirigidas al cambio deben ir acompañadas de un compromiso, de un contrato? Es a todas luces disparatado. Deduzco que los diseñadores del PRISO creen que en servicios sociales solo se actúa desde contextos asistenciales o de control. Pues sepan que todavía llegan problemas que requieren otros marcos de relación, aunque no lo quieran ver. El PRISO aprisiona la intervención.

La segunda idea la señalamos Berta Lago, Pedro Celiméndiz y servidora aquí: Si una persona se encuentra en situación de exclusión social o de pobreza, o de ambas, como consecuencia de su responsabilidad individual, hay que incentivarle (o castigarle) para que salga de esa situación. Es la técnica del PALO Y LA ZANAHORIA. Le damos la zanahoria, esto es dinero dirigido a solucionar la SUBSISTENCIA y a cambio le obligamos, el palo, a realizar actividades que consideramos necesarias para la INSERCIÓN SOCIAL del sujeto.

Es un modelo que ha demostrado su fracaso (así lo muestran las cifras sobre pobreza y exclusión, ver por ejemplo el último informe AROPE de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que cifra en más de 12 millones las personas en riesgo de pobreza y/o Exclusión social, un 26,1% de la población de nuestro país) al pretender solucionar problemas estructurales con dinámicas individuales.

Por otro lado, el pretender trabajar ambas realidades ha hecho que estas rentas o ingresos se gestionen en Servicios Sociales pues convivían (conviven) en ellos las funciones de asistencia social para los pobres (alimentación, alojamiento…) y las funciones de inserción social. Eso ha introducido en los mismos varios fenómenos de DESLIZAMIENTO DE CONTEXTO que ha contribuido en gran medida a su ineficacia y su deterioro. Habrá que buscar, por tanto, la manera de retorcer el brazo a la herramienta para no tratar a las personas tal que burros con este palo. Al menos en los casos en que se han de tramitar prestaciones monetarias —la zanahoria—.

En esta entrada ya recordé que Alston lo resume estupendamente: En España sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas (...) y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas. El verdadero drama es que las autoridades saben que sus iniciativas no funcionan. Están más interesadas en que la pobreza no les salpique. Que digo, están sobre todo interesadas en evitar el juicio moral de quienes vivimos sin carencias. Por esa razón se esfuerzan con denuedo en la implementación de iniciativas tecnócratas que se concretan en este tipo de herramientas. El PRISO aprisiona y lo saben. Es más, la idea es que las personas empobrecidas merezcan ser ayudadas. Aprovecho para recomendar este fantástico libro, que explica muy bien el origen de las prestaciones monetarias (confieso que trata sobre renta básica universal).

La clase política se protege entreteniendo a los pobres a través de intrincados procedimientos burocráticos que condenan a las profesionales a dedicar el esfuerzo al expediente y no a la persona. Cheli, una lectora, lo apuntó la semana pasada. Decía: Algunos profesionales estén bastante disociados, convirtiendo las técnicas en el fin, porque, no nos engañemos, la finalidad es sacar el expediente. Sin embargo, sabemos que es un error de perder de vista a la persona. Cada interacción es una oportunidad. Cualquier contacto, si es bueno, puede germinar en un vínculo para el acompañamiento. La relación de ayuda es un arma cargada de futuro, siempre y cuando se parta del principio de que las personas son un fin en sí mismas, tal y como reza el artículo 7 de nuestro código deontológico.

Tercera y última idea neoliberal: El empleo es la mejor política social. Cualquiera sabe que en la actualidad la tenencia de empleo per se no saca a las personas del pozo . Aún así nos han convertido en un seudo servicio andaluz de empleo para pobres, vía PRISOS de RMISA. Mientras el propio SAE se pone de perfil —igual que la seguridad social con el IMV— las administraciones nos endosan la titánica tarea de integrar a los pobres con los dichosos PRISOS. Y si fallamos la responsabilidad es de las profesionales y no de las administraciones. El maremágnum competencial en servicios sociales es además una estupenda cortina de humo para la clase política, que acaba dejando a las profesionales a los pies de los caballos cada vez que surge un conflicto con la ciudadanía. Ocurre en cualquier parte del territorio español. La gestión de estos conflictos es harina de otro costal...

En esta entrada no me detendré a analizar el apartado 4 del artículo 46. Me limito a transcribirlo:

En los casos de actuaciones conjuntas por parte de ambos niveles del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros sistemas de protección social, como el educativo, el judicial, el de empleo o el de vivienda, se diseñará un único proyecto de intervención social, en el que se establecerán las actuaciones propias de cada sistema y de cada nivel, de modo que se creen sinergias y se eviten duplicidades.

He escuchado cientos de veces, cientos, la frase me han dicho en el INEM que venga a servicios sociales que allí ya no hay nada para mí. Toma artículo 46.4. De nuevo se nos encarga, esta vez de manera tácita, el papel de lobby contra la exclusión social frente a la pericia de muchas administraciones en ponerse de perfil en los asuntos de pobres que les corresponden. Más valdría que nosotras aprendiéramos a hacer lo propio en según qué temas. De eso hablaré la próxima semana.