¡Que viene el BOE!

Sara, antes de saber leer bien, a aquellos cuentos les añadía cosas y les inventaba finales diferentes. La viñeta que más le gustaba era la que representaba el encuentro de Caperucita Roja con el lobo en un claro del bosque; cogía toda una página y no podía dejarla de mirar. En aquel dibujo, el lobo tenía una cara tan buena, tan de estar pidiendo cariño, que Caperucita, claro, le contestaba fiándose de él, con una sonrisa encantadora. Sara también se fiaba de él, no le daba ningún miedo, era imposible que un animal tan simpático se pudiera comer a nadie. El final estaba equivocado. También el de Alicia, cuando dice que todo ha sido un sueño, para qué lo tiene que decir. Ni tampoco Robinson debe volver al mundo civilizado, si estaba tan contento en la isla. Lo que menos le gustaba a Sara eran los finales.

Caperucita en Manhattan, de Carmen Martin Gaite

Se aprueba en el BOE del 3 de febrero el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. Como el lobo de Caperucita en Manhattan, no puede ser malo teniendo una cara tan simpática: Reducción de la brecha de género y otras materias, entre ellas, algunas modificaciones en el ingreso mínimo vital (IMV). Y no lo es pues lo que pretende el decreto es facilitar el acceso a la controvertida prestación.

El problema es que con la intención de mejorar el IMV nos endilgan la certificación de ciertas situaciones a los servicios sociales. Otra más. Esta tendencia de los gobiernos a utilizar los sistemas públicos de servicios sociales para certificar cuestiones variopintas e inventar prestaciones para entretener a los pobres está acabando con un sistema que con otro diseño sería muy beneficioso para la ciudadanía, lo digo desde la más honda preocupación. Me explico.

En primer lugar, este decreto es la constatación de lo que muchas ya advertimos en su día: el IMV, tal y como ha sido diseñado, es un fracaso. Todas las prestaciones basadas (de una forma o de otra) en la activación laboral lo son, al menos en el estado actual de las cosas. A mi vuelta a atención primaria he podido conocer el IMV y la RMI andaluza y ambas prestaciones son una rueda para cobayas, no se me ocurre otra forma de describirlas. El detalle es que no son cobayas sino personas las que tratan de mantenerse en pie mientras les hacemos correr dentro. Que no acabo yo de comprender por qué la RMI no se tramita desde el SAE ya que, en teoría, la experticia en activación laboral la tienen ellos. Que me lo explique alguien.

En segundo lugar, la sobrecarga burocrática que padecen las trabajadoras sociales es escandalosa. Me marché hace tres años de servicios sociales y a mi vuelta la burocracia se ha multiplicado por dos. Es sencillamente alucinante. Antes de ponerme a escribir me tomé la molestia de contar los procedimientos burocráticos que se realizan en servicios sociales y me salieron alrededor de treinta, de los cuales podrían eliminarse perfectamente veinticinco. En otra entrada me ocuparé de explicarlo con detenimiento porque merece la pena, especialmente para quienes ven los toros desde la barrera.

Con estas mimbres es realmente difícil salir del laberinto burocrático en el que viven, en el que vivimos. Soy muy crítica con muchas profesionales que durante la pandemia no están actuando con la responsabilidad que el código deontológico exige, pero no puedo por menos que preguntarme qué tipo de servicio esencial se pretende que hagan si se les está enterrando en gestiones burocráticas que pueden resolver por teléfono, muchas de ellas absurdas. Tareas que las dejan exhaustas, sin tiempo ni ánimos para desplegar la relación de ayuda. Porque es la relación de ayuda lo que yo entiendo como esencial. Por eso no me parece lógico pedir una cosa y la contraria, que es lo que están haciendo las administraciones.

En tercer lugar, lo que más me preocupa es que un sistema, el de servicios sociales, que debiera ocuparse del malestar psicosocial es un sistema que, con estos encargos, está contribuyendo al malestar psicosocial. Seamos francas, en estos momentos la percepción ciudadana sobre los servicios sociales no está para tirar cohetes. Y el decreto nos coloca, otra vez, en una trampa de la que no podemos liberarnos: Si asumimos sin rechistar una tarea que se podría hacer de otro modo, seguiremos enterradas en papeles. Si nos quejamos por realizar una tarea que por una vez beneficiará a la ciudadanía contribuiremos a la mala imagen que nos persigue. Si nos negamos a certificar estas situaciones perjudicaremos a las personas que necesitan el IMV y provocaremos sufrimiento. Más.

No busco con esta entrada contribuir al desánimo sino más bien llamar a la reflexión e insistir en algunos posicionamientos que defiendo. Uno, si tenemos que asumir estos encargos hagámoslo con calidez. Dos, realizar estas tareas no significa justificar su existencia ni las políticas que las sostienen, si hay prestaciones que no funcionan se dice y punto. Si hay prestaciones que provocan sufrimiento, también. Tres, busquemos las grietas por donde pueda entrar la luz. La gente necesita amabilidad, consuelo, desahogo, calor. Y podemos proporcionarlo desde la gestión.

Mientras tanto, como Sara, no nos queda otra que soñar con un final diferente, un final en el que el IMV da paso a una renta básica universal y los servicios sociales se dedican al malestar psicosocial porque las personas tienen techo y comida garantizado. Mientras tanto, celebremos que estamos vivas. Que muchas tenemos techo y comida. Y no es poco.