No descubro América si digo que

No descubro América si digo que España es un país avanzadísimo en legislación sobre derechos civiles y sociales: Matrimonio igualitario, Ley Rhodes, igualdad de género (al margen de la polémica de la ley trans), etc. Sobre el papel vivimos en el paraíso de la igualdad y la diversidad. Ahora un nuevo hito, esta vez para los derechos de las personas con discapacidad, está a punto de producirse.

En palabras de la AEFT: la aprobación mayoritaria por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del proyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supone un paso fundamental. Ahora solo queda la última revisión del texto en el Senado, para que el actual proyecto pase a ser aprobado como ley y se produzca su entrada en vigor.

Como sabemos, la Convención de Nueva York es una norma promulgada por la ONU, que promueve un giro de ciento ochenta grados en el tratamiento de la discapacidad. Significa, como reza esta imagen, un cambio de paradigma, especialmente en el caso de aquellas personas sujetas a medidas de modificación de la capacidad. Propone, muy resumidamente, tres avances:

Nancy Fraser es una filósofa canadiense ampliamente conocida dentro del feminismo y la izquierda. Ella elaboró una teoría de la justicia social que viene muy a cuento para esta entrada. Sus libros Redistribución o reconocimiento y Escalas de justicia son dos clásicos en materia de justicia social. Es probable que los conozcas. Es asimismo conocida por la controversia que mantuvo a través de varios artículos con la también filósofa, la estadounidense Judith Butler. Una controversia que la editorial Traficantes de sueños nos presenta en forma de libro: ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate entre el marxismo y feminismo.

Aprovecho la mención a Traficantes para animaros a que compréis en su página web, o en su tienda de Madrid. Es un proyecto de producción y comunicación política que aspira a aportar contenidos y animar debates útiles para la acción colectiva transformadora. La posibilidad de descargar la obra en el enlace del párrafo anterior es prueba de ello.

Prosigo. Sostiene Fraser que existen dos tipos de injusticias, la injusticia socioeconómica y la injusticia cultural o simbólica. La primera se visualiza en problemáticas como la explotación, la precariedad o la privación del acceso a los bienes por parte de ciertos colectivos sociales. La segunda hace referencia a la dominación, la falta de reconocimiento o la falta de respeto. Así, para la injusticia económica la autora propone políticas de redistribución y para la injusticia cultural, políticas de reconocimiento.

La cosa se va complicando al profundizar en la relación entre ambos conceptos, reconocimiento y redistribución, que es compleja y plantea dilemas. No es el objeto de la entrada profundizar en las tesis de Fraser, aunque invito a que lo hagas porque merece la pena. Este artículo de Clara Iglesias complementa el libro que he compartido. En él, Frase afirma: a pesar de las diferencias entre ambas, tanto la injusticia socioeconómica como la cultural se han generalizado en las sociedades contemporáneas. Ambas están arraigadas en procesos y prácticas que perjudican a algunos grupos de personas frente a otros. Por consiguiente ambas han de ser solucionadas.

La injusticia cultural que venimos sufriendo quienes integramos el colectivo LGTBI se ha solucionado, en parte, con la aprobación del matrimonio igualitario. Del mismo modo, las personas con discapacidad sufren la injusticia cultural que es la desigualdad de trato. El problema es que el matrimonio igualitario, como muchas otras políticas de reconocimiento, no conlleva coste alguno para las arcas del estado (más allá del coste del tiempo empleado en la boda, vaya). En cambio, el trato igualitario hacia las personas con discapacidad sí.

Implementar un régimen de apoyos no es gratis. Por eso soy bastante escéptica con la aplicación de la Convención en lo tocante a personas con discapacidades no físicas. Y es que no descubro América si digo que nuestro seudo sistema de protección social no le llega a la legislación que lo regula ni a la suela del zapato. Mucho te quiero, perrito, pero pan, poquito. Dicho de otro modo: Si el gobierno, los gobiernos, no se toman en serio las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, la convención no arreglará nada. Tomárselo en serio es, además de firmar la Convención, invertir dinero para hacerla posible. Hay políticas de reconocimiento que sin dinero se quedan en nada.

De eso y más hablaremos el jueves con las compañeras de Cádiz. Por lo pronto sigo empujando hacia la mejor política de redistribución que se me ocurre, también para las personas con discapacidad: la renta básica. Si no has firmado la campaña por su implantación en la UE, puedes hacerlo aquí ¡Apoya!