Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía (1 de 2)

La segunda ley de servicios sociales de Andalucía llega al parlamento veintiocho años después. El pasado 12 de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el anteproyecto de ley que, siguiendo el trámite legislativo, pasa a denominarse proyecto de ley y se envía al Parlamento para su aprobación (puedes consultarlo aquí)

La noticia vino acompañada de la fanfarria habitual tratándose de la Junta de Andalucía, fanfarria que dio lugar a titulares tan espectaculares como este: Andalucía será la primera en blindar por ley los servicios sociales. Blindaje que no es tal, puesto que está supeditado a la

estabilidad presupuestaria (artículo 41 del proyecto dixit)

, por mor del maldito artículo 135 de la Constitución que el PSOE no dudó en reformar de acuerdo con el PP. Una modificación, estoy segura, de la que Susana Díaz no se arrepiente en absoluto; sufrimos como presidenta al baluarte del ala Fino-Party del PSOE para desgracia de las bases del partido, y es que muchas personas socialistas a las que conozco no se sienten en absoluto representadas por Susana Díaz.

Desde el Área de Elaboración Colectiva de Servicios Sociales de Izquierda Unida veníamos trabajando en los inmumerables borradores del anteproyecto, ya que la nueva ley lleva dando vueltas por despachos y correos electrónicos desde Huelva hasta Almería casi desde el inicio del pacto de gobierno autonómico PSOE-IU. Por ello, las reflexiones que hoy escribo en esta entrada, tan extensa que he tenido que dividirla, no son mías sino el fruto de un trabajo colectivo.

Nuestra posición con respecto al proyecto de ley es de rechazo frontal. Ya lo fue durante la confección del anteproyecto y así lo reflejé en cuatro entradas: la primera, dedicada al objeto de la ley, la segunda a la mercantilización de los servicios sociales, la tercera al escaso papel que juega la participación y la cuarta y última referida al nudo competencial. Teníamos más críticas, pero estas me parecieron las más relevantes.

No fuimos los únicos en criticar la ley: ni muchos colectivos de afectados ni los sindicatos vieron el anteproyecto con buenos ojos, así como el propio Consejo Andaluz de Trabajo Social, que calificó la ley como campo de minas, lo que no sentó nada bien en la Consejería. La Consejería ¡tan acostumbrada como ha estado a convivir exclusivamente con entidades y colectivos palmeros, incluyendo a algún que otro colegio de trabajo social! Ante este sorprendente giro de los acontecimientos, la ley volvió al cajón.

El nuevo gobierno (apoyado por Ciudadanos, ojo) ha traído de vuelta el anteproyecto, un documento muy participado, según reza el documento de presentación del proyecto. con 2.119 alegaciones. Cierto. Lo que no dice el documento es cuántas de ellas se han convertido en enmiendas, es decir, cuántas se han asumido en el texto actual. Por lo pronto, el Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social ya ha declarado que se ha rechazado un  64% de las que presentó; un órgano, el consejo, que ha realizado un trabajo muy concienzudo con las alegaciones, que me alegra reconocer y felicitar.

Además de las críticas de IU Andalucía, CC.OO. Andalucía tampoco tira cohetes precisamente. El sindicato considera que la ley abre las puertas a la privatización y ha iniciado una campaña en redes sociales, denominada ¿Qué pensamos de la ley de servicios sociales? que contiene memes bien gráficos, como este (es uno de los cinco que circulan):

Así las cosas, digamos que es, cuanto menos, pintoresco que la consejera niegue críticas a la ley. No me extraña, como decía, el PSOE en Andalucía no está acostumbrado a que se le lleve la contraria y menos en materia de servicios sociales, un sector que ellos se han encargado durante años y años de tener controlado a través de colectivos y asociaciones afines, presidencias de colegios profesionales y un  largo etcétera. Llegados hasta aquí, la pregunta es ¿Cuáles son (ahora) las razones concretas del rechazo frontal al (ahora) proyecto de ley?Continuará...