El padre de Rajoy

Esta semana, justo esta semana, en la que la Alianza Española contra la Pobreza presenta por quinto año consecutivo la Semana contra la Pobreza, nos enteramos de que Mariano Rajoy carga al presupuesto de La Moncloa el coste de los cuidados de su padre, en situación de dependencia. Esta semana, justo esta semana, en la que nos enteramos de que el 27% de la población española está en riesgo de exclusión social, según datos del informe El Estado de la Pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. El 27% de la población española son 13 millones de personas, 13 millones. No me sorprende el hecho de que las políticas neoliberales y austericidas del PP hayan traído la mayor tasa de desigualdad conocida en la historia reciente de nuestro país. España se sitúa a la cabeza de la desigualdad: la renta del 20 % más rico de los españoles es, actualmente, 6,8 veces superior a la renta del 20 % más pobre. O si lo quieren afinar más, la renta conjunta del 10% de la población con mayores ingresos es casi 13,5 veces superior a la renta conjunta del 10% más pobre. Cito textualmente un fragmento del grandísimo blog No me pidan calma, cuya entrada 10 claves sobre el record español de pobreza y desigualdad es de obligada lectura. No me sorprende porque es, simple y llanamente, el resultado de aplicar las doctrinas de la Escuela de Chicago, que tanto predican Rajoy y sus ppboys, con Cristóbal Montoro a la cabeza. No me sorprende tampoco que de aplicarse el calendario previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (la reforma local) la prohibición de que las Entidades Locales sigan prestando numerosos servicios sociales y la imposibilidad de las Comunidades Autónomas de asumirlos, abocará a unos recortes que pueden superar los 3.000 millones de euros en estas políticas sociales tan necesarias actualmente, y que se sumarían a los más de 5.000 millones que ya han recortado las Administraciones Públicas en esta materia en los últimos tres años. Los servicios sociales más amenazados por la Reforma son los de atención a la dependencia y los de promoción social (que dejan de considerarse competencias propias de los municipios), y que suponen 2.348,5 millones de euros anuales, y el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000 habitantes (993,4 millones de euros). En total 3.342 millones de euros anuales. (Fragmento de la nota de prensa de la Asociación Nacional de Directoras Gerentes de Servicios Sociales) Ni siquiera me sorprende que el propio Ministerio reconozca en sus últimos datos que hay 433.852 personas en dependencia que están en lista de espera, un 37 % del total nacional, gracias a los continuos e inmisericordes hachazos que la Ley de Dependencia ha sufrido desde que el PP llegó al poder en 2011; un desmantelamiento progresivo de la Ley que es, en mi opinión, un crimen, perpetrado sobre todo a través del Título III del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, dedicado a las medidas de racionalización del sistema de dependencia. Concretamente, el Artículo 22.