La protección, también judicial, de las personas mayores

Imagen vía fantova.netJoaquim Bosch Grau es un juez muy conocido por haber sido portavoz de la progresista Asociación Jueces para la Democracia. Tiene una actividad intensa en twitter y el pasado diciembre fue noticia por el tweet que inicia la entrada. Una reflexión, la suya, que me dio mucho que pensar ya que por desgracia he vivido situaciones parecidas a la que narra y tengo bastante experiencia con personas mayores en procesos de abandono o maltrato.Fernando Fantova hace una interesantísima disertación en su blog, desgranando las causas en una entrada titulada Crisis de cuidados y sostenibilidad relacional, también al hilo del tweet del juez Bosch; suscribo su reflexión. El tema ha calado, incluso El País ha publicado un artículo titulado Cuando la soledad mata. Básicamente estoy de acuerdo con el contenido, no obstante matizaría dos cuestiones, la primera, que la muerte es la punta del iceberg y la segunda, que se dan importantes diferencias entre la España rural y la urbana. En el ámbito rural es algo excepcional encontrar un cadáver de una persona anciana que lleve muchos días fallecida porque afortunadamente las redes vecinales funcionan, lo que no significa que no se produzcan abandonos o malos tratos, solo que los procesos son distintos (el fondo del iceberg). Al menos en Andalucía. Sería interesante acudir a las estadísticas.Existe un doble rasero hacia las personas mayores: aquellas activas (un término que no me gusta) se han convertido en foco de atención de la clase política como fieles votantes que son en su mayoría, lo que se traduce en políticas de envejecimiento activo. Aunque frecuentemente están mal formuladas constituyen una importante oferta de ocio, atención médica, etc. En cambio, no existe una red de atención integral en el caso de personas mayores en procesos de exclusión o abandono, prueba de ese desinterés es, además de la deficitaria red de cuidados profesionales, la escasa legislación al respecto y/o el desconocimiento sobre cómo aplicarla por parte de los Juzgados de Primera Instancia. Mi experiencia profesional es que en estos temas los juzgados andan muy perdidos.La legislación sobre protección de las personas mayores es variada pero inconexa: El Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, leyes que regulan el tratamiento y la protección de personas con discapacidad (con la Convención de Nueva York a la cabeza) y leyes autonómicas como la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores de Andalucía.Las leyes están ahí, sin embargo la realidad es que los juzgados son muy reticentes a actuar en casos de vulneración de sus derechos, bien por desconocimiento, bien por no judicializar asuntos de familia, hasta el punto de que en más de una ocasión los miembros del equipo de servicios sociales hemos tenido que acudir a los juzgados con las leyes literalmente en la mano o con el famoso informe del fiscal Santos Urbaneja para rogar que se actúe. Incluso hemos padecido dinámicas de peloteo Fiscalía de Incapacidades - Juzgado de Primera Instancia dignas de una final de Roland Garros.En este país urge un cambio de perspectiva sobre el trato que la sociedad dispensa a las personas mayores. Dado que es un objetivo difícilmente alcanzable a corto plazo comencemos por lo básico: la puesta en marcha de un protocolo integral de actuación para estos casos (en Andalucía no existe), a la manera del SIMIA, un protocolo de atención integral en maltrato a personas menores. Ello obligaría a todos los implicados a actuar, comenzando por los juzgados, y facilitaría muchísimo la intervención, que la rapidez y la eficacia son obligadas en estos casos.Por fortuna, hay miembros del poder judicial sensibilizados con esta cuestión y críticos con el sistema como Santos Urbaneja o el propio Joaquím Bosch, al que felicito por su tweet y le recuerdo que cuando los lazos familiares o los servicios sociales fallamos son ellos, los juzgados, los que tienen que actuar. Y si no lo hacen, también están fallando.