Ayudas económicas ¡Os odio!

Fuente: http://www.eldiario.es/bbtfile/6_20120906lodStI.jpg Ando este verano leyendo el libro de Fernando Fantova Diseño de políticas sociales que, como su propio nombre indica, trata sobre la parte macro de lo social y me está gustando mucho. Dedicaré una entrada a reseñarlo en cuanto lo acabe (que va lenta la cosa), pero lo traigo a colación porque una de sus aportaciones es el diseño de la necesaria correlación entre lo macro (políticas sociales) y lo micro, es decir la intervención social, de la cual una parte importante se la lleva la gestión de las denominadas ayudas económicas (ayudas económicas familiares, ayudas de emergencia social y ayudas de inserción social). Hace tiempo que sufro en silencio como las hemorroides cierta quemazón profesional. Llevo catorce años trabajando en una zona muy castigada por políticas de pan y circo y, a su vez, azotada por el paro y la pobreza (sí, digo pobreza, no digo exclusión); la combinación de las dos problemáticas da lugar a que una parte significativa de la población demande con insistencia ayudas en servicios sociales. Vaya por delante que no les culpo. En sus circunstancias haría lo mismo que ellos. Dice Félix Castillo que el comportamiento no se puede cambiar y tiene razón.

(Soy consciente de que quien me esté leyendo se habrá quedado con las patas colgando con esta afirmación, por lo que animo al visionado del vídeo enlazado, advirtiendo, eso sí, que son 20 minutos del ala. Prosigamos...)

Entiendo que la gente demande con insistencia ayudas económicas. En primer lugar y lo más importante, porque la gente las necesita para sobrevivir. En Andalucía nos vanagloriamos de obtener notas estupendas en materia de dependencia, pero mantenemos un silencio cómplice ante la escandalosa situación de abandono en la que se encuentra la alternativa a las ayudas económicas para familias con cero ingresos: el denominado Programa de Solidaridad de los Andaluces o, como es más conocido, Salario Social. El salario social: una renta de ¿inserción?¿de garantía de mínimos? (no lo sé, la verdad) por la que hay que esperar de 8 meses a un año. Una prestación que cada vez es más difícil de obtener por las trabas administrativas a las que la Junta somete a las personas solicitantes. Una situación que debería enrojecernos a los profesionales, a los colegios profesionales, a los partidos políticos y a los colectivos ciudadanos, sobre todo al comprobar como en otras comunidades autónomas nos hemos puesto en pie de guerra por lo mismo. Una negligencia de la administración que debería llevarnos a todos a las puertas de las delegaciones. En definitiva, una vergüenza. Pero aquí estamos. Aquí estoy yo, dándole vueltas a escribir sobre el salario, pero sin hacer nada más. Con un sistema de garantía de ingresos mínimos estas ayudas, simplemente, no tendrían por qué existir. Derechos, exijamos, frente a la beneficencia actual (y digo bien, ya que estas ayudas no están reglamentadas ni sujetas a derecho y el procedimiento administrativo es, digamos, escaso). En segundo lugar, las ayudas económicas se asientan sobre un viejo modelo terapéutico consistente en la tramitación de estas prestaciones como apoyo a la intervención familiar.  La vieja estrategia del palo y la zanahoria. El problema es que la realidad no es tan sencilla y el modelo hace aguas en el momento en que una familia te interpela ¿Porque mi hija de 15 años se niega a ir al instituto me quitas una ayuda que es para comer?¿qué tiene que ver?¿qué culpa tienen mis otros niños?¿qué hago con la niña, la mato a palos? Verídico. Y cierto. Poner en marcha desde un contexto asistencial estrategias de control nunca dio buen resultado. No nos engañemos. Al menos yo no. En tercer lugar, nos encontramos el problema de que hay gente que no tiene problemas. Me explico: que no tiene problemas más allá de los puramente económicos. Que no están averiados, vaya. Que lo hicieron todo bien: tenían trabajo, compraron una vivienda, dieron educación a sus hijos y ahorraron. Como premio, el sistema les obsequió con tremenda bofetada: perdieron el trabajo, se les acabaron los ahorros, les quitaron la vivienda y las redes familiares claudicaron ¿qué proyecto de intervención familiar les ofrecemos a estos?¿qué podrían hacer que no hayan hecho ya?¿qué tendrían qué cambiar? La letanía del despacho se hace insoportable: Apúntate al paro - Estamos apuntados. Haced cursos - hemos hecho cursos. Echad currículos - Los tenemos levantados ante el señor ¡Pues igualmente estamos obligados a diseñar un PIF! Será que hay algo que hicieron mal, seguro que hay por ahí algo por arreglar ¿no? En cuarto y último lugar, la comprobación de ingresos...en dos palabras: el horror. En servicios sociales (al menos donde yo trabajo) no tenemos forma de cruzar datos con otras administraciones, así que pedimos documentación a las personas solicitantes, pero, además de los problemas de documentación nos encontramos con que muchas de ellas trabajan en economía sumergida ¿qué hacemos entonces?¿aprobamos? ¡Pero si Fulanito tiene unos ingresos de 900 euros al mes, les dan ayudas a cualquiera! ¿denegamos? ¿Con qué motivo?¿Que Menganita ha venido a vernos furiosa porque a su cuñado Fulanito le hemos aprobado una ayuda económica familiar a pesar de trabajar en los invernaderos sin dar de alta y a ella, que no trabaja ni en b, con 426 euros de ayuda se la hemos denegado? Pues sí amigos, esta es la realidad de las ayudas económicas. Suele decir mi compañero Rafa que gestionamos miseria, y es que ni siquiera he tratado en esta entrada el tema de las cuantías. Miseria, sí, miseria gestionamos, una miseria que ocupa la mitad de nuestro tiempo de trabajo y que es pan para hoy y hambre para mañana, que es beneficencia y no es un derecho. Ayudas económicas ¡os odio con todas mis fuerzas!