Críticas a la nueva ley de servicios sociales de Andalucía. Dos, una ley mercantilista

Hay palabras que ni siquiera aparecen en el texto, como estas, que son las que se me ocurrió buscar a mí.

Si observamos el ranking de términos de la primera tabla, podemos comprobar que las palabras que aparecen con mayor frecuencia son vocablos relacionados con el mundo empresarial (exceptuando el término igualdad); a estas alturas nadie discute que los servicios sociales, como el resto de políticas públicas, deben ser sostenibles, eficaces y de calidad, pero tal insistencia en repetirlo resulta, cuanto menos, sospechosa. 

Es más, niego la mayor. Este discurso machacón de la sostenibilidad y la eficiencia es parte de un perverso mantra que, a base de ser repetido, se ha convertido en incuestionable verdad: el Estado de Bienestar corre peligro porque no es sostenible. No. El Estado de Bienestar no es sostenible porque no conviene que sea sostenible, que es muy distinto. Creo que no es necesario que me extienda más, ya que conceptos como reforma fiscal o redistribución de la riqueza son ampliamente conocidos.

Contar las palabras relevantes del texto quedaría en mera anécdota si no encontrásemos a lo largo del anteproyecto un insistente afán por abrir las puertas a la iniciativa privada, patente en el Artículo 1, que establece entre los objetivos de la ley:

c)

Ordenar el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su actividad así como las condiciones para su participación en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

El Artículo 2 está dedicado a definir los términos más importantes de la ley y contempla los siguientes:

Como se puede ver, ninguna mención ni siquiera al término

servicios sociales

,

mucho menos a otros vocablos como

exclusión social,

vulnerabilidad, maltrato, riesgo social,

etc.

Eso sí, las entidades de iniciativa mercantil quedan perfectamente definidas. Entidades de iniciativa mercantil que anteponen el beneficio a la calidad del servicio

(de la que tanto habla la ley)

, que explotan a las trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres y

que constituyen poderosos lobbys cuya influencia queda demostrada en la propia redacción del anteproyecto, anteproyecto que dedica un título entero, el Título IV, a regular la iniciativa privada y social en la prestación de servicios sociales.

A este respecto es importante diferenciar la iniciativa social de la iniciativa privada. La iniciativa social en la prestación de servicios sociales es una realidad que debe ser regulada, pero la iniciativa privada no debería tener cabida en la prestación de servicios sociales. Así de simple. Voy más allá: la iniciativa privada no debería tener cabida en la prestación de servicios que garantizan derechos subjetivos, como la salud o la educación, porque pervierten el derecho subjetivo en favor del lucro.

No voy a extenderme en hablar del patrocinio, partenariado y mecenazgo porque la entrada se haría interminable; me limito a recomendar la lectura del Título IV de la ley y que cada uno saque sus propias conclusiones. Dejo estas perlas:

“

Se reconoce la libre actividad de la iniciativa privada en la prestación de los servicios sociales, sin más limitaciones que las derivadas del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que sean de aplicación

(Articulo 95. Libertad de prestación de servicios sociales)

”

“

Las entidades locales podrán igualmente encomendar a la iniciativa privada la provisión de servicios de acuerdo con la normativa de régimen local (Artículo 97)” 

Por último, quiero hacer una breve reflexión sobre el papel que la ley otorga a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

El Artículo 47 supone el blindaje de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales, creada mediante el artículo 18 de la nefasta Ley 1/2011, de 17 de Febrero, de Medidas de Reordenación del Sector Público de Andalucía, ley que dio lugar a la proliferación de agencias que suponen, en la práctica, la privatización de la administración con la consiguiente pérdida de control público; agencias que, además, han resultado costosas a causa de sus saturación de altos cargos, que gestionan con mucha opacidad y pocas garantías para el ciudadano, prácticas que chocan con la transparencia que este gobierno de coalición persigue y cuyos problemas, en definitiva, son de sobra conocidos.

Este artículo da a entender que la agencia seguirá siendo el órgano gestor de los servicios sociales en Andalucía. La posición aquí es, o debería ser, clara: la gestión debe ser directa por parte de la Consejería, o, al menos, su sustitución por un órgano más transparente y de naturaleza pública.

La preponderancia que esta ley otorga a la iniciativa privada es un claro ejemplo de la deriva neoliberal y privatizadora de la que también han sido imbuidos los servicios sociales tras las excusa del “welfare mix” o modelo mixto de provisión de servicios de bienestar. Conste que no soy una experta en Política Social, y es posible que no haya pillado bien el rollo, así que en cuanto alguien me convenza de las bondades del modelo mixto de provisión de servicios sociales esta que lo es se desdice de lo dicho aquí. 

¿Qué Cuarto Pilar del Estado de Bienestar estamos diseñando en Andalucía? Yo no lo sé. A ver si esta canción es capaz de resituarnos. Se la dedico a la gente del PSOE que aún cree en lo público y que, como yo, adoraba a Carlos Cano, a quien tuve la suerte de conocer gracias a los cassettes de mi hermana.

 "La murga de los currelantes"

Carlos Cano por el Coro de Julio Pardo